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Boletín de prensa 3 de mayo de 2011
EL TIEMPO
PROCURADOR SUSPENDE AL ALCALDE DE BOGOTÁ SAMUEL MORENO
El Ministerio Público encontró irregularidades por el caso del 'carrusel' de la contratación.
El procurador Alejandro Ordónez tomó la decisión de suspenderlo durante tres meses porque encontró atrasos significativos en la adjudicación y ejecución de las obras de la calle 26.
En algunos casos el Procurador encontró adjucaciones del año 2009 cuyas obras aún no se han iniciado.
Además halló falicencias en la elaboración de pliego de cargos y en la adjudición de predios de esa misma obra.
Ordóñez le acaba de pedir al presidente de la República, Juan Manuel Santos, que designe un reemplazo del mismo partido.
SAQUEO AL SECTOR SALUD ES SUPERIOR A LOS 4,5 BILLONES DE PESOS
Juez 48 de control de garantías legalizó hacia las 3 a.m. la captura de primeros cinco implicados.
Las cinco capturas de este lunes son apenas el primer capítulo de un megaescándalo de corrupción.
El robo de la plata de la salud de todos los colombianos, por el que fueron detenidas cinco personas, entre ellas un ejecutivo de la EPS Sanitas y una alta funcionaria del Ministerio de la Protección, es apenas la punta del iceberg de un desfalco que supera los 4,5 billones de pesos -según cuentas de la Policía- y en el que están implicadas centenares de personas.
Ayer, el presidente Juan Manuel Santos, acompañado de las cabezas de los organismos de control e investigación, y del ministro de la Protección, Mauricio Santa María, aseguró que su gobierno será "implacable en castigar a los responsables de estos hechos, sean quienes sean".
"Esto va a llegar muy lejos", anunció el mandatario. Y agregó: "Nos enfrentamos a enemigos muy poderosos".
Desde octubre pasado, el Ministerio convocó un equipo interinstitucional para empezar a examinar los recobros en el sistema de salud, es decir, los servicios y medicamentos que no están cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud (POS), pero que se autorizan y son asumidos por el Estado, a través del Fosyga.
Se trata de un rubro que saltó de 300.000 millones de pesos en el 2007 a 2,4 billones el año pasado, y que es considerado por los expertos como una de las venas rotas del sistema de salud pública.
Hace mes y medio, por la denuncia de un ciudadano, la Policía empezó a seguir a las personas detenidas, que habrían participado en irregularidades por cerca de 30.000 millones de pesos.
Pero, como lo destacó Santos, apenas se ha revisado el 10 por ciento de uno solo de los diez frentes de investigación abiertos: el de la intermediación para los recobros (el trámite que se surte entre los reclamos de las EPS y el pago en el Fosyga).
La Policía y la Fiscalía analizan la información de cerca de 10.000 folios y de computadores que se recuperaron hace dos meses en uno de los nueve allanamientos realizados en medio la investigación. Fue a las oficinas del Fosyga.
El general Óscar Naranjo, director de la Policía, aseguró que el grupo élite, integrado por expertos en 8 disciplinas (entre los que hay contadores, administradores, médicos, abogados y expertos en telemática), encontró evidencias de que la defraudación se viene realizando al menos desde el 2008.
Señaló que, además, los implicados supuestamente cobraban el 10 por ciento como 'mordida' para agilizar los trámites de los recobros ante el Fosyga.
"Hay casos de enfermos terminales a los que nunca les llegaron los medicamentos a los que tenían derecho, porque estos eran desviados para ser vendidos en el mercado negro", dijo Naranjo.
Investigan en 5 EPS
En algunos casos, en vez de responder por el 50 por ciento por medicamentos y tratamientos ordenados vía tutela, el Estado terminó pagando, sin saberlo, el 85 por ciento del valor. El excedente terminó en bolsillos de corruptos.
Las investigaciones apuntan a funcionarios públicos, particulares y empleados de al menos cinco EPS.
Tres modalidades eran las más frecuentes: recobros por medicamentos con sobrecostos superiores al 1.000 por ciento , pagos a nombre de personas que no estaban identificadas o no existían y cobros a nombre de otras que nunca recibían los tratamientos.
Este lunes fueron detenidas cinco personas. Una fue sorprendida cuando supuestamente intentaba destruir información, pero quedó en libertad.
Según el expediente, Claudia Patricia Rojas, coordinadora de análisis del gasto del Ministerio de la Protección, tenía un papel fundamental en la red, pues era quien se encargaba de autorizar y dar conceptos favorables a pagos por procedimientos o requerimientos que no estaban incluidos en el POS.
"Emitía conceptos contrarios a la ley para levantar las glosas (reparos) y observaciones que hacía Fidufosyga, institución que evalúa la viabilidad de los reclamos de las EPS", señalan fuentes de la Fiscalía. En el momento de la captura, a Rojas le encontraron 25 millones de pesos en efectivo.
Hasta 20 años de cárcel
De acuerdo con la Policía y la Fiscalía, la red creó empresas fachada, como QAV, que se encargaban de hacer solicitudes de reconsideración sobre conceptos negativos del Fosyga. Por intermediar los pagos, la red cobraba entre el 4 y el 6 por ciento del valor de los reclamos.
La fiscal Viviane Morales anunció que imputará cargos por concierto para delinquir, prevaricato por acción, peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito, que les podrían dar hasta 20 años de prisión.
Otro de los capturados es Luis Andrés Ruiz, quien hasta hace 10 meses era el encargado de administrar la base de datos del Ministerio, por lo que tenía acceso a información de pacientes y de las solicitudes en curso.
A través de él, dicen los investigadores, centenares de personas que jamás tuvieron medicamentos o tratamientos no incluidos en el POS aparecen como beneficiarios en registros oficiales.
Siete de las trampas en el sistema
1. Cobro de comisiones para levantar glosas, es decir, eliminar reparos para gestionar los recobros ante el Fosyga.
2. Presentación de cuentas a nombre de personas inexistentes, con cédulas falsas, o incluso de personas ya fallecidas.
3. Inflan de manera exagerada los valores de medicamentos y procedimientos que no están en el POS. Incluso hasta en un 500 por ciento.
4. Permiten que una misma factura, a nombre de un mismo paciente, se pague varias veces.
5. Recobros por medicamentos e insumos que nunca se utilizaron o que nunca les entregaron a los pacientes.
6. Pagos por servicios y medicamentos no incluidos en el POS y supuestamente logrados por tutelas, que en realidad no se interpusieron.
7. Recobro de medicamentos e insumos de contrabando.
Esperamos que se establezcan las responsabilidades: EPS
Las EPS, que son las que más recobran al sistema de salud por los medicamentos y procedimientos no incluidos en el POS, afirmaron ayer, a través de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que las agremia, que apoyarán las investigaciones.
En un escueto comunicado, dijeron esperar que se "establezcan
las responsabilidades del caso".
Uno de los seis detenidos en el operativo de ayer es Héctor Mauricio Durán, subgerente de Cartera de la EPS Sanitas. Según le dijo a EL TIEMPO el presidente de esa EPS, Juan Pablo Currea, las actuaciones de Durán "se dieron por fuera de los lineamientos institucionales". Aseguró que la entidad "no recurre a los intermediarios" para hacer los recobros.
Currea afirmó que harán una investigación interna para saber si el nombre de la EPS Sanitas "ha sido utilizado para cometer actos fraudulentos".
En la plenaria del Senado, debate convocado por el Polo
El escándalo de corrupción en la salud, denunciado ayer por el Gobierno, será el tema central del debate citado por congresistas del Polo Democrático para esta tarde, en la plenaria del Senado. El senador Jorge Enrique Robledo le envió al ministro de Protección, Mauricio Santa María, un cuestionario con más de 100 preguntas, a propósito de los graves problemas de sobrecostos en medicamentos, que, según él, ascienden a casi 1 billón de pesos y en los que estarían involucradas las EPS Saludcoop, Cafesalud y Cruz Blanca.
El Ministro también tendrá que responder por la decisión del Superintendente de Salud, Conrado Gómez, de resolver a favor de la EPS Saludcoop una conciliación por más de 630.000 millones de pesos.
Así mismo, según Robledo, se abordará la denuncia hecha el pasado fin de semana por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la supuesta conformación de un "cartel" de las EPS agremiadas en Acemi para manipular los recursos del sistema de salud.
Estos fueron los cinco capturados
Claudia Patricia Rojas, coordinadora de análisis del gasto del Ministerio de la Protección.
Luis Andrés Ruiz, ex administrador de las bases de datos del Ministerio de la Protección. Él y Rojas eran los supuestos responsables de gestionar y conformar empresas para asesorías a determinadas EPS sobre los cobros. Una de las empresas era QAV.
Héctor Mauricio Durán, subgerente de cartera de la EPS Sánitas.
- Jhon Carlos Lemus, ingeniero de sistemas.
- Eduardo Medina Millán, administrador de empresas. Supuesto encargado de contactar a las EPS, brindar asesorías y poner a la gente en contacto con Claudia Patricia Rojas.
'ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN DESPOLITIZARÍA CONTRALORÍAS TERRITORIALES'
Auditor General pide que elección de estos servidores sea "reglado, visible y no discrecional".
En una carta enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Alberto Zuluaga, el auditor Isaac Gómez Lee pidió la aprobación del proyecto, que cumple su último trámite en la plenaria de la Cámara.
Según Gómez Lee, "el estatuto es la gran oportunidad para despolitizar a las contralorías territoriales con la aprobación de un mecanismo para elegir a los contralores que sea reglado y visible, y no discrecional y oscuro como se da en la actualidad".
"Sigo convencido de que los organismos de control fiscal a nivel central y territorial independientes son indispensables para que Colombia sea viable, para que se materialice una democracia verdaderamente social de derecho, gobernable y de verdad colectiva e incluyente", agregó el funcionario.
Mañana, a las 3 de la tarde, está citada la plenaria de la Cámara para estudiar los últimos 38 de los 156 artículos del estatuto anticorrupción.
De acuerdo con los artículos 152 y 153 del proyecto de ley, se elevan las condiciones para ser contralor departamental o municipal.
Según el artículo 152, para ser elegido contralor departamental o distrital "se requiere haber ejercido funciones públicas por un período no menor de seis años o la cátedra universitaria por ese mismo período en disciplinas económicas, jurídicas o fiscales y formación académica en nivel de maestría o especialización. En todo caso se requerirá que acredite como mínimo tres años de experiencia profesional en el ejercicio de funciones públicas afines al cargo".
El artículo 152 de la iniciativa, estipula el procedimiento mediante el cual se conforman las ternas para la elección de estos servidores públicos.
ELTIEMPO.COM supo que Zuluaga le anunció al Auditor su "respaldo" para la elección de los contralores territoriales tal y como está en el proyecto de ley.
ABREN INVESTIGACIÓN POR RECLUSIÓN DE OFICIALES DE RETOMA DE PALACIO
La Fiscalía indaga si existen irregularidades en algunos oficiales vinculados a este proceso.
Atendiendo a un requerimiento de los abogados representantes de las víctimas de desaparición forzada durante los hechos del Palacio de Justicia, la Dirección Nacional de Fiscalías "encontró pertinente correr traslado de la misma a Dirección Seccional de Fiscalía de Bogotá, para que se de inició a la investigación penal a que hubiere lugar".
La solicitud de los representantes de las víctimas alude a las "irregularidades que se están presentando en el cumplimiento de la sentencia condenatoria impuesta contra el coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega".
Los abogados habían denunciado la intervención de Plazas Vega como conferencista universitario, así como las condiciones de privilegio que tiene, al disponer de habitaciones de las características de un Coronel en servicio activo, en donde le es permitida una movilidad dentro de un área superior a 100.000 metros cuadrados.
La Fiscalía General, según el abogado Jorge Molano, decidió también poner estos hechos en conocimiento de la Procuraduría, el Inpec y la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Molano, dijo que "la decisión de la Fiscalía es importante, pues con ello se generan las condiciones para garantizar el cumplimiento real y efectivo de las decisiones judiciales. Es inaudito que las víctimas, sus representante y los funcionarios judiciales, tengan más restringida su movilidad, que los autores de crímenes contra la humanidad, como las desapariciones forzadas".
EL ESPECTADOR
CINCO EPS INVOLUCRADAS EN CARRUSEL DE RECOBROS DE LA SALUD
La Policía halló 22 paquetes más de recobro, lo que supone que el desfalco asciende a los 4.5 billones de pesos.
Otro "carrusel", pero en la salud
"En las últimas horas se produjo un hallazgo que es parte del material probatorio dentro de la investigación que se adelanta por la defraudación al sector de la salud. 22 paquetes de llamadas operaciones de recobro, cercana a 22 mil millones de pesos estaría destinada a 5 Eps", informó el director de la Policía general Oscar Naranjo al señalar que no se descartan que las capturas asciendan en las próximas horas en las que se verían afectados funcionarios privados del sector.
El alto oficial señaló que la cifra oficial de esta primera parte de la investigación del llamado carrusel de los recobros es de 30 mil millones de pesos. Sin embargo, con este nuevo hallazgo el valor ascendería a los 4.5 billones de pesos.
"Se estima que ese paquete cercano a los 22 mil millones, tendría una destinación ilícita de comisiones de alrededor del 10 al 12 por ciento. Estamos hablando que de 22 paquetes cerca de 2 mil millones de pesos estarían llegando a manos de los corruptos", puntualizó Naranjo.
Entre las conductas que se están investigando en este multimillonario desfalco están los recobros por tutelas inexistentes, por personas que nunca recibieron los tratamientos médicos, pago a EPS a nombre de personas fallecida, pago de medicamentos de alto costo no entregados y recobro por medicamentos esos medicamentos.
CORTE CONSTITUCIONAL REVOCÓ TÍTULO MINERO EN EL CAUCA
La consulta de las minorías
El alto tribunal tuteló los derechos de la comunidad afro de La Toma y advirtió que no podrán otorgarse títulos mineros sin la consulta previa a los grupos étnicos.
“La lucha incansable ha hecho que hoy estemos celebrando este triunfo en favor de nuestro territorio ancestral”, es la voz de Francia Márquez, líder afro del consejo comunitario del corregimiento de La Toma (Cauca), quien interpuso una tutela ante la Corte Constitucional, pese a las amenazas que ha tenido que vivir su comunidad, y a quien el Alto Tribunal le ha dado la razón, en un trascendental fallo que resalta la importancia y los alcances que tiene para la locomotora minera del país la consulta previa e informada a la que tienen derecho los pueblos afros.
La Corte, mediante la Sentencia 1045-A, ordenó a Ingeominas suspender todas las licencias de explotación minera en el corregimiento de La Toma de Suárez (Cauca) hasta tanto se realice “de manera adecuada” la consulta previa ordenada en tal decisión. Además, le pidió a esta entidad que se abstenga de otorgar nuevas licencias mineras.
De esta forma, el Alto Tribunal dejó sin efecto la resolución, de abril 30 de 2010, que ordenó el desalojo de la comunidad negra que se dedicaba a la minería artesanal en ese territorio desde hace 300 años.
Esta lucha empezó hace 11 años, cuando en marzo 5 de 2002 Ingeominas le concedió al empresario Héctor Jesús Sarria 99 hectáreas, en la desembocadura de la quebrada La Turbina, del río Cauca, para extraer un yacimiento de oro, por término de 10 años prorrogables, sin que se hubiera acreditado una licencia ambiental para esta explotación ni se hubiera adelantado el proceso de consulta previa a las comunidades afros de la zona.
Esto generó una fuerte disputa y una agria crisis social que detonó cuando el alcalde del municipio de Suárez (Cauca), mediante resolución del 30 de abril de 2010, suspendió las actividades de explotación de todos aquellos que no tenían licencia de Ingeominas y ordenó el desalojo de 1.300 familias afros que devengaban su sustento de la extracción artesanal de oro, beneficiando así el proyecto minero de Héctor Sarria.
Dicha diligencia de desalojo se aplazó hasta el día en que el director general de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) reconoció que existían comunidades afrodescendientes constituidas y organizadas legalmente, y por lo tanto era necesario consultarlas para poner en marcha cualquier empresa minera. Derecho que Sarria ya había vulnerado.
Frente a la inminente expulsión, Francia Márquez y Yahir Ortiz, representando los intereses de su comunidad, pusieron una tutela, con el apoyo legal de la Corporación Sembrar, en mayo 20 de 2010, y un año después se conoció la decisión de la Corte de amparar sus derechos suspendiendo la licencia del empresario Sarria y cualquier otra que no haya sido previamente consultada y aceptada por la comunidad.
Para el abogado Jorge Reales, de la Corporación Sembrar, que ha apoyado este proceso, el fallo tiene efectos significativos que deben ser tenidos en cuenta para los proyectos mineros en el país. Lo primero es que la sentencia desvirtúa la postura de Ingeominas según la cual la consulta previa se debe hacer dentro del trámite de la licencia ambiental, porque aclara que, como su nombre lo indica, debe ser anterior al otorgamiento del título minero.
De la misma manera, la Corte reconoce en esta sentencia que el nexo cultural, económico y medio ambiental de la comunidad afro del Cauca es ancestral. Por este motivo tienen prelación en la extracción minera sobre Héctor Sarria, Unión Fenosa, Anglo Gold Ashanti, Smurfit Kappa Cartón de Colombia y CosigoResources, empresas colombianas y multinacionales que han llegado a la región con fiebre de oro. Para el abogado Reales, la sentencia de la Corte podría tener efecto también en 30 títulos mineros más otorgados a estas multinacionales y que habrían vulnerado los mismos derechos.
Después de esta victoria jurídica, la comunidad afro de La Toma espera que el Estado les dé garantías para que los derechos que les reconoció la Corte tengan alcances más allá del papel. A la vez que confían en que la consulta previa se respete y sea entendida por el Gobierno como un mecanismo de protección innegociable que no se puede obviar para impulsar los planes de desarrollo del país.
Todo indica que si la Corte Constitucional sigue por este camino, una gran cantidad de títulos mineros que han sido otorgados sin esta consulta a las minorías étnicas podrían ser revocados.
FISCALÍA PIDE INVESTIGAR SUPUESTOS PRIVILEGIOS AL CORONEL (R) PLAZAS
La seccional de Bogotá solicitó que se indague si el oficial (r) ha recibido favorecimientos en su lugar de reclusión.
Que se indague alrededor de los supuestos privilegios de los que viene gozando el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega en su lugar de reclusión solicitó la Dirección Nacional de Fiscalías.
Corresponderá entonces a la Seccional de Bogotá determinar si el oficial (r), condenado a 30 años de prisión por el holocausto del Palacio de Justicia, goza de algún tipo de de favorabilidad en su sitio de prisión en las instalaciones del Cantón Norte.
Adicionalmente, el organismo puso estos hechos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, a fin de que adelante las investigaciones que sean del caso.
Aparentemente, Plazas tiene la posibilidad de desplazarse en un área que supera los 100.000 metros cuadrados y goza del acceso a habitaciones de las mismas características que las propias de un coronel activo.
Pese a que la misma juez Tercera Penal Especializada de Bogotá había ordenado el traslado del oficial (r) a la cárcel La Picota, en auto emitido pocos días después de la condena, el Inpec optó por recluirlo en una guarnición militar.
Así las cosas, los denunciantes aseguran que en este proceso se están violando numerosas disposiciones del sistema interamericano de derechos humanos, que como en el caso de la Comisión, ha insistido en que militares sentenciados por delitos de lesa humanidad, como lo es la desaparición forzada, deben pagar sus penas en cárceles comunes y no en guarniciones castrenses.
OTRO "ARTICULITO", O ADIÓS A LA TUTELA
Por: César Rodríguez Garavito
Se prendió el debate sobre el proyecto que cursa en el Congreso y que convertiría la sostenibilidad fiscal en un principio constitucional. Así que esta reforma se ha vuelto "in". Y en efecto lo es, por partida triple: es innecesaria, inconveniente e inconstitucional.
Es innecesaria porque el Gobierno ya tiene las herramientas para lograr un manejo responsable y sostenible de las finanzas públicas —lo que es, sin duda, un deber estatal y un objetivo económico esencial—. Para ello, el Gobierno propone impuestos, un presupuesto anual y un Plan de Desarrollo al Congreso, de los que dependen, en buena parte, los ingresos, los gastos y la deuda públicas. Además, tiene la facultad de objetar leyes que generen egresos insostenibles.
Un sector del Gobierno y los demás defensores piensan que la reforma es precisa para atajar el gasto de las tutelas que le ordenan al Estado atender a los desplazados, o suministrar drogas o tratamientos médicos, o adaptar espacios públicos para las personas con discapacidad. En síntesis: para cumplir los derechos sociales consagrados en la Constitución de 1991.
Pero no hace falta una reforma constitucional para lograr la importante prudencia fiscal. No es cierto que la Corte Constitucional imponga gastos exorbitantes. En sus fallos clave sobre derechos sociales —por ejemplo, la sentencia T-025 de 2004 sobre desplazados, o la T-760 de 2008 sobre salud— ha tenido en cuenta explícitamente el impacto económico de sus órdenes. De ahí que deje en las manos del Gobierno la decisión sobre las políticas adecuadas para proteger los derechos y el presupuesto necesario para ello. En los casos en los que la tutela se ha desbordado, como en el tema de la salud, la solución consiste en racionalizar el suministro del servicio mediante una ley, como lo hizo el mismo Gobierno en un proyecto que fue aprobado por el Congreso este año.
¿Por qué es inconveniente la reforma? Porque genera una rigidez indeseable en la política económica, como dijo Salomón Kalmanovitz en su columna de ayer en este diario. También porque al convertir la sostenibilidad en un paradójico “derecho” colectivo que les haría contrapeso a los derechos sociales, se concentra injustificadamente en recortar el costo de los derechos, en lugar de limitar otras fuentes de desequilibrio fiscal.
Como lo han mostrado Paul Krugman y Joseph Stiglitz en el debate actual sobre el déficit fiscal de EE.UU., antes de recortar derechos como la salud o la educación, la tijera debe pasar por los privilegios y las ineficiencias, que son los causantes de los huecos fiscales: las exenciones tributarias (esas sí insostenibles) que aquí dio Uribe y allá otorgó Bush, o las abultadas nóminas de entidades estatales que sirven como fortines políticos, entre otros.
Lo que nos lleva a la inconstitucionalidad de la reforma. Si hay algo que caracterice la Constitución de 1991, es su opción clara por un tipo de organización política: el Estado social de derecho. Y su rasgo definitorio es justamente la prioridad de las políticas que garanticen al menos un nivel básico de bienestar material conforme con la dignidad humana.
Si esa prioridad queda supeditada a un manejo rígido de la economía, lo que se está reformando no es un articulito, sino la naturaleza del Estado consagrado en la Constitución. Lo cual es inconstitucional porque sustituye (en lugar de reformar) la Constitución, como lo dijo la Corte al tumbar el otro articulito famoso, (el de la reelección).
fortunadamente, algunas bancadas parlamentarias están reaccionando para detener la reforma. Incluso el propio Gobierno se está dando cuenta de su yerro y, según cuenta Semana, está buscando formas más pragmáticas de conciliar derechos con sostenibilidad fiscal.
No puede ser de otra manera. Porque del articulito depende que la Constitución de 1991 llegue viva a sus veinte años en agosto.
LA CONSULTA PREVIA, UN DERECHO POR CUMPLIR
Por: Gladys Jimeno Santoyo
El derecho a la consulta previa y al consentimiento libre e informado a las minorías étnicas es un tema crucial en Colombia, más cuando el modelo de desarrollo que se ha elegido apunta a la extracción y explotación de los recursos naturales como base de la economía.
El derecho a la consulta previa y al consentimiento libre e informado a las minorías étnicas es un tema crucial en Colombia, más cuando el modelo de desarrollo que se ha elegido apunta a la extracción y explotación de los recursos naturales como base de la economía. La consulta previa es la herramienta fundamental para otorgarles a estos pueblos el reconocimiento constitucional de su soberanía e independencia política y cultural. El propósito de estos derechos es proteger la pervivencia étnica y cultural de estas comunidades. En otras palabras, proteger el derecho ancestral sobre el territorio y las costumbres de las comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, gitanos, etc. Muchos de los territorios de estas comunidades han despertado la ambición de poderosos grupos económicos que han visto la riqueza de sus suelos y buscan la manera de que los derechos de usufructo les sean cedidos. Esta es la encrucijada: ¿o el país permite un desarrollo libre a los proyectos minero-energéticos o les coloca unos límites para garantizar la supervivencia de los grupos étnicos dentro de sus territorios y con su cultura? Las consultas y el consentimiento libre, previo e informado a las comunidades sobre los proyectos minero-energéticos o de desarrollo que pretendan su territorio, constituyen la matriz de los derechos fundamentales que le conceden a las minorías étnicas la libre determinación, participación, territorio, identidad cultural, desarrollo propio o buen vivir y el desarrollo nacional con restricciones para que cumpla con parámetros ambientales y de derechos étnicos. En su vida diaria y en sus territorios, los afrodescendientes e indígenas están siendo presionados por un modelo de desarrollo que los ve como un estorbo, por lo que son requeridos de manera permanente a defender sus vidas, sus territorios, su cultura y su futuro. Con los derechos a la consulta, y sobre todo al consentimiento libre, previo e informado, se busca lograr condiciones de protección a estas comunidades étnicas, de forma que su derecho a vivir según su cultura esté garantizado más allá de los intereses económicos que ha despertado la puesta en marcha de la gran locomotora de Santos.
EL NUEVO SIGLO
CORRUPCIÓN CUM LAUDE
DIJO hace unos días uno de los jueces que investigan la corrupción en el caso de los subsidios agrícolas, conocido como Agro Ingreso Seguro, que era el peor en la historia del Ministerio de Agricultura. Ahora, un par de semanas después, el mismo presidente de la República Juan Manuel Santos califica el hallazgo de ilícitos en los últimos años dentro del Ministerio de Salud, como el peor caso de corrupción en esa entidad. Dos escándalos cum laude que demuestran el nivel a que llegó Colombia cuando se perdió el sentido de la ética pública durante los debates por incorporar la figura de la reelección presidencial inmediata y perpetuarse en el poder, y en el entretanto de ese embeleco, el país se filtraba de hechos bochornosos por todas partes que tan solo hoy comienzan a supurar en medio del volcán que terminó estallando por la propia presión de los aires fétidos.
Una y mil veces lo dijimos, en el sentido de que una nación con la ética tradicionalmente laxa en los asuntos públicos, iba por el desbarrancadero si se incorporaba, ciertamente, esa figura de la reelección presidencial. Y así lo era, señalamos entonces, porque una de las únicas garantías de que existiera algún tipo de control, aparte de las acciones de la Justicia o de las convicciones de los ciudadanos decentes, era que se diera la alternación en el poder por cuanto sólo así puede garantizarse, en un país como Colombia, que los funcionarios no tomaran las entidades de botín y se enquistaran en ellas a manera de feudos podridos, como en efecto terminó ocurriendo. Mucho más, desde luego, si se observaba que los organismos de control habían caído en un mutismo exasperante, fruto precisamente de provenir los elegidos del mismo fermento que se fraguaba desde su elección parlamentaria, adicta a la misma reelección. Total, se redujeron las tesis a simples confrontaciones políticas, que inclusive llevaron al DAS-gate, pero está demostrado que la permanencia durante tanto tiempo de tanta gente, por lo general recomendada y proclive a las maniobras de la cúpula gubernamental, iba a proceder en el mismo sentido, sintiéndose liberada de controles y aprovechando su extenso cuarto de hora.
El caso de Agro Ingreso Seguro impacta por todo lo que tiene que ver con que los subsidios que se suponían para la gente más desfavorecida, terminaron, no sólo en las manos de los más pudientes, sino que estos mismos acrecentaron los montos a partir de fraudes que la Fiscalía investiga dentro de un gran concierto para delinquir entre funcionarios públicos, empresarios privados y las ambiciones políticas desbocadas de algunos. E igual o peor impacto, al descubrirse ayer que también se feriaban los dineros de la salud y sus presupuestos gigantescos al socaire de servidores públicos, empresas de fachada y maniobras fraudulentas para derivar réditos gigantescos de la esquilmación al presupuesto público.
Todavía peor, ciertamente, cuando se observa el trámite de tantas circunstancias anómalas, como las descubiertas recientemente en el sórdido caso de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Y también está ahí, de honoris causa, el caso de los Nule, no sólo por las circunstancias en Bogotá, sino igualmente por lo que viene descubriéndose nacionalmente.
La Justicia está llegando por fin hasta donde debía llegar. Acostumbrados a que el foco de corrupción, por cuenta de la parapolítica y tantas cosas adicionales, sólo era de los políticos, ahora se sabe con claridad cómo tecnócratas, supuestos empresarios y otros actores mas, son correa de transmisión de igual calaña. Por eso, con acierto, la fiscal Vivianne Morales ha dicho que cualquier servidor público, de cualquier nivel, tiene responsabilidades al aceptar el cargo. Ya, entonces, no sólo hay escudo para la corrupción en los parlamentarios, sino que tiene que procederse con todo el rigor con aquella tecnocracia que demerita su propio nombre y está haciendo metástasis en todo el Estado. Son muchos los llamados técnicos en los casos de la agricultura, la salud y el transporte. Se navega en un mar de corrupción, que ya no simplemente puede denominarse tal o cual carrusel, sino que es el parque de diversiones completo para los usurpadores
PRIMEROS CAPTURADOS POR FRAUDE DE $30.000 MILLONES A LA SALUD
En total se expidieron 25 órdenes de detención. Cobraban comisiones hasta por tutelas.
Por defraudar al sistema de salud en unos 30.000 millones de pesos fueron capturadas seis personas y está pendiente la detención de otras 19, en lo que el presidente Juan Manuel Santos denominó la punta del iceberg.
Santos explicó que funcionarios del Ministerio de Protección Social y particulares realizaron un “desfalco monumental” al sistema de salud, utilizando la identidad de pacientes para recibir beneficios.
“O una sola persona recibiendo muchos beneficios, o sea una sola cédula de identidad recibiendo beneficios por diferentes canales, o muchas personas recibiendo el mismo beneficio”, explicó el Jefe de Estado, quien estuvo acompañado en la rueda de prensa por los jefes de la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Policía, y por el Ministro de la Protección Social.
“Autorizarles a las EPS pagos que habían sido retenidos, mediante esa autorización se repartía la plata, personas fallecidas que recibían los beneficios, sobrecostos monumentales o personas que interponían una tutela para que les pagaban y resulta que esas personas nunca recibieron la plata”, indicó Santos.
“Eran personas que estas mafias ponían sin que los beneficiarios se enteraran”, dijo Santos.
“Se han descubierto desfalcos por cerca de 30.000 millones de pesos”, destacó el Mandatario, que calificó de “mafia” los desfalcos.
Aseguró que sin importar quién sea el responsable de estos desfalcos, la acción de las autoridades va a continuar y que en el tema de corrupción el Estado va ser implacable.
A los detenidos se les imputarán los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, peculado por apropiación, cohecho y enriquecimiento ilícito a favor de particulares, detalló la fiscal.
Hasta el momento hay 25 órdenes de captura contra los presuntos responsables del cartel de la corrupción en el sector salud.
Por su parte, la fiscal general, Viviane Morales, reveló que desde hace un mes descubrieron una red de corrupción de funcionarios del Ministerio de Protección, Fosyga y particulares
Explicó que se cobraban comisiones de cuatro y seis por ciento por recobro de medicamentos y procedimientos quirúrgicos.
Advirtió que solicitó orden de captura ante la juez 32 municipal de Bogotá contra algunos funcionarios y particulares. Hay seis capturados de personas vinculadas con empresas fachada.
Según Caracol Radio los capturados fueron identificados cono Luis Martínez, Juan Carlos Lamus Rodríguez, Héctor Mauricio Poveda, Edgar Isaías y Claudia Patricia Rojas Puertas, esta última funcionaria del Ministerio.
Por su parte, la contralora general, Sandra Morelli, dijo que se iniciaron dos indagaciones preliminares relacionadas con el caso.
“Tenemos otra investigación en general acerca de los sobrecostos o desviación de los recursos de la salud, en donde podría configurarse un peculado”, indicó Morelli Rico.
Manifestó que la Contraloría General tiene 50 auditorias ordinarias planeadas para adelantar las investigaciones sobre estas irregularidades.
La Contraloría aplica las facultades de Policía Judicial que le otorga la ley para seguir adelante en la investigación por el aparente desvío de recursos de la salud. El organismo busca desenredar un entramado de corrupción con los dineros de la atención en salud.
La investigación fiscal apunta a que aparentemente las Empresas Promotoras de Salud han inflado o sobredimensionado los cobros que el Estado cubre por cada usuario atendido bajo la figura de Unidad de pago por capitación, como se conoce técnicamente a dichos pagos.
Desde la Contraloría se habla de posible desviación o sobrecostos en los cobros que facturan las EPS por servicios prestados a través del fondo Fosyga, que administra los recursos para la atención de pacientes de los regímenes contributivo y subsidiado.
Con este fin, el organismo de control adelanta cruces de información de las bases de datos del Fosyga, el Ministerio de Protección y las mismas EPS para determinar si se cometieron o no irregularidades en el manejo de estos recursos públicos.
Por ahora las indagaciones se encuentran en etapa preliminar y se han adelantado unas 50 auditorías en el sector salud.
A su turno, la viceprocuradora Martha Castañeda explicó las irregularidades que se están investigando en el Fosyga y con las cuales se lograron desfalcar cerca de 30 mil millones de pesos.
“Pagos indebidos, tramites sin ajuste a la normativa vigente, pago ordenados por tutelas falsas, cobros de facturas, de medicamentos por valores superiores a los que observamos en el mercado y recobros de cuentas presentados por personas fallecidas o cuya cédula de ciudadanía no corresponde”, indicó la funcionaria.
La Procuraduría determinará si habrá lugar o no a suspensiones de servidores públicos investigados en estos hechos.
En el país, el sistema de salud es administrado por empresas de prestación de servicios que funcionan con aportes del Estado, los pacientes y la empresa privada.
El aporte estatal es de cerca del 6% del Producto Interno Bruto, según el Ejecutivo.
EPS colaborarán
Mediante un comunicado la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, organización que preside Juan Manuel Díazgranados, dice que apoya las investigaciones que adelantan la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría.
Acemi asegura que prestará la colaboración necesaria para adelantar las investigaciones.
Al finalizar el escueto comunicado señalan que esperan que las investigaciones conduzcan a aclarar las denuncias y a establecer responsabilidades.
Funcionarios aportaron información
Información claves fue aportada por funcionarios del Ministerio de la Protección Social y personas cercanas al sector salud, sobre cómo funcionaba la red de cobros ilegales al interior del Fosyga.
“Para esta operación hemos contado con el concurso invaluable de colombianos valientes que se han decidido a dar un paso al frente para darnos datos, información, pistas que permiten este proceso de judicialización y esperamos de condenas”, indicó el director de la Policía, general Óscar Naranjo.
El Oficial anunció que tras este golpe, la fuerza elite de investigación de la Policía seguirá funcionando en coordinación con los organismos de control para dar con los responsables de los desfalcos en el sector salud
HOY DEFINIRÁN FUTURO DE ELECCIÓN DE GERENTE JUDICIAL
El quebrado proceso de elección del funcionario encargado de manejar el presupuesto anual de la Rama Judicial, que está por cumplir dos años, será destrabado hoy por la Corte Constitucional cuando falle de fondo la tutela que puso en el congelador esa elección.
La tutela había sido instaurada contra el fallo proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de rehacer una nueva terna para elegir el funcionario encargado de administrar el presupuesto de esta Rama.
La alta Corte deberá decidir cuál de las dos ternas existentes es la legítima, o por el contrario, si dicho proceso de elección debe iniciar de nuevo, lo que demoraría varios meses más la elección del gerente.
La tutela había sido interpuesta por Juan Carlos Abuabara Eljaude, uno de los participantes del segundo concurso que abrió en Consejo Superior de la Judicatura para adelantar el proceso de elección del gerente de la Rama, quien es elegido por un período de cuatro años, alegando que los escogidos para integrar la primera terna no cumplían con los requisitos exigidos en la ley.
De hecho, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura había acogido los argumentos de la tutela y le ordenó a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, integrada por los presidentes de las altas Cortes, el Fiscal General y un representante de los funcionarios y trabajadores judiciales, encargada de formular los tres postulados al cargo, rehacer la terna. Conforme a esta orden, la Comisión Interinstitucional, con algunas demoras, diseñó una nueva terna y la envió a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que es la competente para hacer la elección.
REVISTA SEMANA
RECOBROS EN SALUD, UN DESFALCO ANUNCIADO
La captura de seis personas este lunes fue el primer paso para atacar la mafia que hay en el sector salud. Aun así, expertos dicen que no es suficiente si no se solucionan de raíz los problemas que 'enferman' el sistema.
Si hay algo que está claro es que las capturas a funcionarios del Ministerio de la Protección Social, del FOSYGA y de algunos particulares no serán las únicas en el escándalo que estalló este lunes por los billonarios robos a la salud. No es un secreto que “mafias” y “carteles” se roban el sistema y afectan el derecho de los colombianos a acceder a la salud con calidad y eficiencia.
Desde hace varios años asociaciones médicas, científicas y de pacientes; Defensoría del Pueblo, y la academia han alertado sobre las deficiencias y los problemas del sector. La corrupción sigue intacta aun cuando el país ha pasado por dos reformas a la salud (Leyes 1122 del 2007 y 1438 del 2011) y un estado de excepción declarado por el gobierno pasado para atender la crisis económica de la salud.
Estudios recientes como los del CIDE de la Universidad Nacional y del mismo Ministerio de la Protección Social ponen al descubierto la “falta de vigilancia y de voluntad política”, según expertos consultados por Semana.com, para cuidar estos recursos públicos que al año representan el 6 por ciento del PIB, cerca de 28 billones de anuales.
El escándalo por el billonario desfalco se centra en el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), entidad que tiene entre sus funciones reconocer a las EPS el dinero que invierten en medicamentos y servicios que no están en el Plan Obligatorio de Salud (POS), lo que técnicamente se llaman recobros.
Según el Ministerio, entre los años 2008 y 2010 hubo un “saqueo constante”. Las modalidades encontradas hasta ahora son diversas, pero la más grave es el pago de “jugosas comisiones” a funcionarios del ministerio y del FOSYGA para autorizar recobros que previamente habían sido negados por el administrador fiduciario del fondo.
Otras modalidades encontradas son el cobro en repetidas ocasiones de un mismo servicio, para lo que usaban nombres de varios pacientes con un mismo número de cédula. En este punto el ministerio reconoce la “vulnerabilidad en las bases de datos y su falta de trazabilidad” que impiden que casos como este sean detectados.
En los casi dos meses de investigaciones se hallaron, además, recobros de dinero por acciones de tutela de personas que “nunca las solicitaron ni padecían dolencia”, por servicios prestados a pacientes mucho tiempo después de haber muerto y por medicamentos o insumos que nunca se entregaron a los pacientes.
Otro tema que preocupa y que también es investigado son los recobros con precios elevados de los medicamentos no cubiertos. Según la Federación Médica Nacional, en un solo medicamento, el Riruximab, que se usa para tratamientos contra el cáncer, las EPS privadas lo recobraron con sobrecostos de más de 70.000 millones pesos.
Para el superintendente de Salud, Conrado Gómez, hay un crecimiento “alarmante y desproporcionado de los recobros” que sólo en el año 2010 le costaron 2,4 billones de pesos al FOSYGA. “El 18 por ciento se recobró vía tutela y el 72 por ciento por los Comités Técnico Científicos (que deciden si un servicio NO-POS es asumido por la EPS)”, ha dicho el funcionario a los medios de comunicación.
¿Y las EPS?
Tras las capturas del lunes, ninguna entidad de control hizo referencia a la responsabilidad que tendrían las EPS en este desfalco. Sin embargo, existen investigaciones en curso y estudios en los cuales estas aseguradoras están en el ojo del huracán.
En marzo del 2010 la Superintendencia Nacional de Salud remitió a la Fiscalía General de la Nación unas comunicaciones del FOSYGA sobre posibles falsificaciones en los documentos de soporte de los recobros por parte de las EPS. Facturas y actas de Comités Técnico Científicos con información alterada y/o enmendada tienen a 16 aseguradoras bajo la lupa de la Fiscalía.
A ello se suma la investigación, aún más polémica, que realizó la Superintendencia de Industria y Comercio y que habla del supuesto pacto entre la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) y 14 de sus EPS asociadas para negar servicios incluidos en el POS de manera concertada y manipular la información en servicios y medicamentos para hacer recobros por un valor mayor e incidir en el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el dinero que al año el Estado le entrega a las EPS para la atención de cada usuario y beneficiario.
¿Cómo se puede negar un servicio incluido en el POS y además recobrarlo? Según el Observatorio para la Equidad en Medicina, el POS tiene una franja gris que deja a la libre interpretación de la EPS si determinado servicio está cubierto o no por el sistema.
Por ejemplo, cuando se aprueba un trasplante de riñón, se necesita de un examen de compatibilidad que puede ser cubierto o no, según la interpretación de la EPS. En caso de ser negado, el paciente debe recurrir a la acción de tutela para acceder al servicio, cuyo costo, al final de la cadena, es asumido por el FOSYGA.
‘Presión’ sobre la UPC
Para saber cuánto debe pagarle cada año el Estado a la EPS por cada afiliado, el Ministerio de la Protección Social hace los cálculos basado en los gastos que al año hacen estas aseguradoras para prestar el servicio. Un estudio de esta cartera encontró que en el 2008 y el 2009 hubo un incremento de “más de lo esperado” en el valor total de los servicios: del 18 por ciento sin que “se realizaran incrementos en la cobertura del POS y con un IPC del 2 por ciento”.
Solo para el caso de precios de medicamentos ambulatorios, los expertos del ministerio hallaron entre el 2008 y el 2009 un incremento del 620 por ciento (460.458.334.542 pesos). Este exagerado aumento llevó a los técnicos a recomendar calcular la UPC del 2011 sin los reportes de las EPS sobre sus gastos en medicamentos.
Para Mario Hernández, médico y profesor de salud pública de la Universidad Nacional, queda claro que una forma para “obtener más lucro por parte de las aseguradoras no es ahorrando los recursos, sino gastándolos para pedirle al Gobierno que aumente la UPC. (…) Hay casos de recobros de medicamentos de 50 y 100 veces por encima del valor comercial y eso lo ha dicho la Federación Médica. Se le está sacando plata al Estado y para eso debe haber gente del FOSYGA que les autoriza toda esa cantidad de pagos sabiendo que es demasiado”.
En el estudio del CIDE de la Universidad Nacional se advierte que si el cálculo de la UPC “se limita a contabilizar los gastos que presentan las EPS, se incentiva a presentar mayor gasto cada año, para obtener una UPC mayor de la que se puedan derivar mayores rentabilidades en los negocios secundarios”.
Integración vertical
Y en este punto entra a jugar la integración vertical (que les permite a las EPS contratar hasta el 30 por ciento los servicios con clínicas y empresas de su propiedad). Uno de esos negocios secundarios de algunas EPS son empresas o cooperativas que proveen los medicamentos a su misma red.
En el informe de la Nacional este es un comportamiento que “en lugar de controlar el gasto del POS, tiene un claro incentivo a aumentar los gastos en los servicios de los que se derivan rentabilidades, lo que significaría una tendencia al aumento de los gastos de salud”.
Esta integración vertical es para los expertos consultados “un estímulo perverso para hacer los recobros” y para el sistema en general. Si bien en los debates de la reforma a la salud que rige desde enero de este año se aprobó prohibirles a las EPS contratar con empresas propias, el tema se revivió en las mesa de conciliación y fue defendido por el ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría.
El desfalco promete ser de grandes dimensiones, para muchos, peor que el del escándalo del 'carrusel de la contratación'. Para el caso de la salud, con las capturas del día de ayer se da un gran paso en la lucha contra la corrupción, sin embargo, no será suficiente.
Para los expertos, puede que muchos terminen en la cárcel, pero de nada servirá si el sistema sigue con los mismos vacíos y con los problemas de raíz que ni la nueva ley de salud, que el país estrena desde enero, promete erradicar.
RCN RADIO
CORTE CONSTITUCIONAL ORDENA SUSPENDER MULTIMILLONARIAS OBRAS EN EL CHOCÓ
Con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, la Corte Constitucional ordenó suspender la construcción de la carretera Acandí-Unguía. Así mismo, le pidió a Interconexión Eléctric a S.A., ISA, no avanzar en el proyecto de interconexión eléctrica con Panamá, hasta que no culminen los estudios de viabilidad del proyecto.
"Se advierte a la Empresa de Interconexión Eléctrica ISA que, en el evento de que el proyecto sea viable y si en el proceso de planificación se advierte la potencialidad de afectar a las comunidades étnicas accionantes, gestione la participación por medio del proceso de consulta previa en los términos señalados en esta providencia, con mayores prevenciones a las que ha tenido en el pasado en cuanto a la protección de comunidades”, enfatizó.
El alto tribunal también ordenó suspender las actividades mineras, tanto legales como ilegales, que se encuentran en los territorios de las comunidades Embera-Katio, Chidima, Tolo y Pescadito.
"Ordenar al MinInterior, Ingeominas, la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó) y al Ministerio de Ambiente, suspender todas las actividades de prospección, exploración legal e ilegal o similares en materia minera que se estén llevando a cabo o se vayan a adelantar, en desarrollo de contratos de concesión con cualquier persona que tenga la potencialidad de afectar por este aspecto a las comunidades indígenas Embera Katío Chidima Tolo y Pescadito, hasta tanto se agote el proceso de consulta previa y la búsqueda del consentimiento informado de las comunidades étnicas implicadas”, puntualiza.
El fallo de tutela igualmente exhortó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a regular la aplicación del derecho a la consulta previa.
"Exhortar al Congreso y a la Presidencia de la República para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, regulen y a través de sus organismos competentes materialicen el derecho fundamental a la consulta previa y el consentimiento, libre, previo e informado de los grupos étnicos que hacen parte de la Nación. Por Secretaría General envíese copia de la presente sentencia a la Presidencia de la República y a las Presidencias de Senado y Cámara", destaca la decisión.
Subraya la decisión de la Corte que se debe "ordenar al Ministerio del Interior que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la presente providencia, inicie los trámites respectivos frente a la consulta previa solicitada por la Alcaldía de Acandí el 29 de agosto de 2009, haciéndola extensiva a todas las partes involucradas en el proceso de planeación y ejecución de la carretera, teniendo en cuenta la búsqueda del consentimiento previo, libre e informado de la comunidad", subraya la decisión de la Corte Constitucional.
Igualmente, le ordena al Gobierno que con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación en el término de un año se rinda un informe ante la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de esta decisión.
La Corte Constitucional pide además "advertir a la Corporación Autónoma para el Desarrollo del Chocó (Codechocó) que debe abstenerse de expedir licencia ambiental para la construcción de la carretera, sin que se cuente con el agotamiento de la consulta previa en los términos y subreglas fijadas en esta providencia".
Recalca que se debe "crear e implementar, en el término no superior a ocho (8) meses, un mecanismo de información y coordinación que permita articular a las entidades involucradas en lo relacionado con el derecho fundamental a la consulta previa y la consecución del consentimiento libre, previo e informado en los términos y consideraciones de esta sentencia".
Finalmente, los ministerios de Interior y Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, en el término de un año rindan a la Corte Constitucional un informe detallado del cumplimiento de las órdenes adoptadas en la presente providencia.
Del anterior informe se enviará copia a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.